El gobierno de Javier Milei presentó un recurso judicial para intentar frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de la obligación de comenzar a transferir fondos a las casas de estudio. La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
El organismo, encabezado por Sebastián Amerio, interpuso un Recurso Extraordinario Federal con el objetivo de suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley N° 27.795, vinculados al financiamiento y la recomposición salarial universitaria.
El conflicto universitario entra en fase crítica: Adiunt propuso una huelga indefinidaLa medida apunta a revertir la sentencia que confirmó una cautelar que ordena la aplicación de esos artículos y deja sin efecto disposiciones del Decreto N° 759/2025. En ese marco, la administración libertaria solicitó que el recurso tenga efecto suspensivo para evitar comenzar con los pagos, aunque el plazo ya venció y la obligación de transferir fondos se encuentra vigente.
El caso será elevado a la Corte Suprema nacional, y el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) pidió que sus integrantes se excusen por su condición de docentes universitarios, proponiendo la designación de conjueces.
En el Gobierno nacional que la intervención del máximo tribunal es necesaria por tratarse de una cuestión federal y advirtieron que la cautelar genera un “grave e irreparable perjuicio al Estado”, al implicar gastos sin financiamiento específico, lo que -sostienen- podría afectar el equilibrio fiscal, consignó Infobae.
Si bien la norma fue ratificada por el Congreso incluso tras el rechazo al veto de Javier Milei, en el oficialismo insisten en que resulta de “imposible aplicación” por no contar con una fuente de financiamiento definida.
En esa línea, sostienen que la ley no establece partidas específicas y cuestionan al Poder Judicial por avanzar sobre atribuciones vinculadas a la asignación presupuestaria, en lo que consideran una intromisión en competencias del Ejecutivo y del Legislativo.
Mientras tanto, en la Casa Rosada admiten que, ante la falta de una decisión de la Corte que suspenda la medida, el Estado debería avanzar con transferencias que estiman en $2,5 billones. También reconocen que actualmente no cuentan con los recursos para afrontar ese compromiso.
Fuentes oficiales señalaron que el escenario más probable es que el máximo tribunal no intervenga de manera inmediata, lo que obligaría a la Nación a cumplir con la transferencia en los próximos días, mientras continúa el debate interno sobre cómo instrumentar el pago.